MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) desmintió la campaña difamatoria del régimen cubano contra los participantes en las protestas populares del pasado 11 de julio.
“Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales contra los manifestantes, que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes, son ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, cansadas de la situación económica y social que vive el país”, dijo a Radio Televisión Martí el director de estrategia del OCDH, Yaxis Cires.
Un documento presentado este miércoles por la entidad con sede en Madrid reflejó que el 77% de los condenados no tenían antecedentes penales.
Las informaciones recogidas en cinco sentencias (8/2022, 6/2022, 10/2022, 5/2022 y 9/2022) del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que involucran a 110 ciudadanos, desmienten la propaganda de difamación de las autoridades de Cuba, “sobre que los manifestantes son, en su gran mayoría, delincuentes comunes”, apunta el texto.
El director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, agregó que “incluso en los casos con antecedentes penales, hay que respetar el derecho a la libre manifestación y durante los procesos judiciales, la presunción de inocencia”.
El documento expone además que la mayoría de los encarcelados en estos procesos son personas de entre 16 y 30 años; el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.
Mientras que, en cuanto a las edades, el 26% son menores de 21 años, el 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40 años, el 10% entre 41 y 50, y el 6% entre 51 y 60 años. Casi el 2% tiene más de 61 años.
El OCDH precisó también que entre los abusos cometidos “aparece el sitio de viviendas (87), los hostigamientos (69), multas (36), citaciones (30) y amenazas (28), entre otros”.
Ante esta situación, Alejandro González Raga pidió “urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de Derechos Humanos en Cuba, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2021” e instó “a los Estados miembros de la Unión Europea a solicitar dichas sanciones al Consejo”.
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