MIAMI, Estados Unidos. – Familiares de presos políticos cubanos denunciaron ante Radio Televisión Martí el decomiso por parte de la Seguridad del Estado de la ayuda humanitaria enviada a varios reclusos.
Uno de los casos es el de Yasmani Ovalle León, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). El activista fue condenado en 2018 a tres años y medio de privación de libertad por el presunto delito de “atentado”. Su esposa, Yanelis Vega Espinosa, asegura que la policía política le quitó 45 CUC que había recibido a través de Western Union.
“El Jefe de Sector Armando Cedeño y el de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Luis Ángel, me estaban esperando a la salida de la tienda donde yo cobro el dinero. Me llevaron para la unidad policial y allí me exigieron que entregara el dinero y el comprobante de haberlo cobrado”, declaró Vega Espinosa.
La mujer añade que le hicieron firmar un documento como constancia de que ese dinero había sido confiscado porque procedía de una entidad extranjera y sería utilizado para favorecer la subversión en la Isla.
Situaciones similares han sido denunciadas por Hilda Rosa Reyes Almaguer, madre del periodista independiente Adriel Hernández Reyes, y por Yolanda Carmenate Fernández, madre del activista de la UNPACU Cristian Pérez Carmenate.
La presa política Aimara Nieto Muñoz y su familia también han sentido el rigor del acoso castrista. En dos ocasiones, la Seguridad del Estado ha frustrado el envío de alimentos a la Dama de Blanco, que cumple condena en una cárcel de Las Tunas.
“A decenas de familiares de presos políticos los han detenido a su regreso a sus localidades y les han expropiado el dinero, alimentos y medicinas que se les ha proporcionado en la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba”, dijo a Radio Televisión Martí José Daniel Ferrer, Coordinador General de esa organización opositora.
Según Ferrer, el régimen de la Isla también ha intervenido mecanismos de envío y distribución de la ayuda, como la empresa Western Union y la agencia de paquetería DHL.
“En los últimos meses hemos visto otra modalidad que consiste en que empleados de las dependencias de Western Union dicen al destinatario que hay un error en el número de cuenta y que no pueden pagar el dinero. Entonces quien lo envió tiene que recuperarlo en el exterior. Igualmente, a varios opositores y activistas, como yo mismo, la Western Union no nos brinda servicio. Estamos en una especie de lista negra”.
Ferrer señala que con DHL la situación es aún peor.
“Aquí en Santiago de Cuba, la Seguridad del Estado notifica a los funcionarios de DHL, los nombres de familiares de los prisioneros políticos. Cuando la persona va a la entidad a buscar su paquete, afuera la esperan agentes policiales y le ocupan los alimentos y medicinas”.
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