LA HABANA, Cuba. – Rafael Alba Macía, coordinador nacional de la Asociación cubana de transportistas autónomos, dice que sus asociados “no piensan trabajar el 1 de mayo en protesta a la masividad que va a la plaza”.
“No vamos a desfilar, pero tampoco vamos a trabajar”, dice Alba Macía, que habla en nombre de una asociación independiente que, si se fortaleciera lo suficiente, podría poner en crisis la ciudad.
El transporte siempre ha sido un punto vulnerable en las políticas desacertadas de bien público que ha intentado implementar el gobierno para paliar la situación del pueblo. Después de muchos años en la oposición, Alba Macía cree haber encontrado un modo efectivo de protesta en su intento de organizar a uno de los sectores más polémicos de la sociedad civil cubana, los boteros.
“Un día en la ciudad sin nosotros es verdaderamente un caos”, señala Alba, que aprovecha y recuerda la huelga convocada el 7 de diciembre de 2018: “Las personas estaban desesperadas. No había transporte. Ese día los poquitos que trabajaron aumentaron el precio del transporte (…) El recorrido más largo podía llegar hasta 50 pesos, le habían subido 30 pesos (…) Tuvimos noticias del ministerio que fueron los que me detuvieron el día 2 por primera vez aquí mismo con la policía”, explica, haciendo alusión al conocido Parque de El Curita, donde durante años coincidieron cientos de boteros.
“Un día sin transporte en cualquier parte del mundo es un problema grandísimo, pero aquí más porque la gente no tiene transporte particular, al menos ninguno que trabaje para el estado. Así que ese día sí causamos problemas”, dice.
El 7 de diciembre de 2018 la gente vio poco movimiento de boteros en las calles, pero apenas se enteraron de la represión como única respuesta que siempre ha tenido este gobierno contra cualquier ciudadano que intente reclamar sus derechos.
El coordinador nacional de la asociación de transportistas hace un inventario de las consecuencias.
“En aquel momento éramos 116 activistas. Ahora somos 73. Pensábamos prolongar el paro por 10 días y no pudimos porque muchos de los activistas fueron detenidos, multados con 2 mil pesos, amenazados con que perderían su trasporte, que se les iba a quitar su licencia, y como es un transporte privado y es su dinero, con el que alimentan a su familia, muchos cogieron miedo y se retiraron”, cuenta.
Por supuesto, lo peor recayó sobre Alba Macías, quien explica cómo le aplicaron la técnica de rendición por desgaste y cansancio que aplica la Seguridad del Estado para desacreditarlo e impedir que los activistas sean defendidos.
“Fui detenido el viernes 2 de diciembre, me soltaron al otro día. Volví a ser detenido a las 6 de la tarde y me llevaron a la estación de policías del Capri. Me soltaron al otro día por la mañana y saliendo de la estación de policías me volvieron a detener y me llevaron al Vivac. Estuve dos días más allí”; no obstante, Alba Macías dice que el paro comenzó el día 7 de diciembre porque no era el único que estaba comprometido.
Una de las estrategias del gobierno para desmantelar a los boteros ha sido la implementación de rutas de taxis en cooperación con el gobierno. Sin embargo, para el transportista, “las gacelas”, como popularmente se les conoce a los vehículos estatales “no son competencia porque el servicio es pésimo”.
“Muchos (choferes estatales) se han retirado porque la suma que pagan diario no es fácil y siguen siendo esclavos del régimen: el día que tienen un problema en su casa o que tienen que ir al mecánico, tienen que pagar igual. Una buena cantidad de ellos les están pidiendo al gobierno que les entreguen los 1200 dólares”, el dinero que tuvieron que abonar para poder acceder a la plaza de choferes de ruteros.
Otra de las maniobras en contra de este sector de la economía privada cubana fue cerrar el acceso al Parque de El Curita donde radicaban las piqueras donde la población cambiaba de ruta en la ciudad.
“¿Cuántos boteros se vieron afectados? Número exacto no te puedo dar”, dice Alba Macías, pero de allí desaparecieron las piqueras de “San Miguel del Padrón, la de Guanabacoa, El Cotorro, Guanabo, La Palma y mandaron a todo el mundo a la calle. Buscaron otro problema, complicaron más las cosas. Ahora la gente se baja de un carro y no saben dónde coger otro para seguir su camino”.
Las exigencias de esta asociación autónoma son simples y se ajustan a sus necesidades como trabajadores. La más reciente es la reubicación de una piquera, la otra exigencia lleva más tiempo en su agenda y es que “nos bajen el impuesto”, dice el coordinador nacional. También “exigimos que se nos vendan gomas y piezas que son bastante caras y que bajen el petróleo nos de precio”, continúa.
“No nos dan absolutamente nada y lo que han hecho es encarecerlo todo”. Alba Gracia aprovecha la ocasión para hablar del llamado “experimento” que el mismo gobierno declarara un fracaso.
“Dijeron que iban a dar gomas, petróleo, baterías, pero a medida que iban hablando las palabras iban desapareciendo. Todo fue una mentira”, dice.
En el “experimento” el principal fracaso radicó en la tarjeta de petróleo, “que todavía existe pero que no funciona” y que sirvió para “controlarnos con 240 litros en el mes, cuando uno consume 25 o 30 diarios”.
El impuesto “sigue siendo el mismo”, apunta el transportista, que dice estar consciente de que, al final, el más perjudicado es el pueblo, que tiene que pagar el doble, caminar o no salir a la calle cada vez que sube el precio del transporte, prohíben una piquera o la circulación de los boteros en determinadas calles.