LAS TUNAS, Cuba.- Medios oficiales en Las Tunas informaron el pasado viernes de un robo con violencia ocurrido en un almacén central de la Empresa de Logística Agropecuaria, situado en Lora, barrio rural perteneciente al municipio Jesús Menéndez (otrora central Chaparra) este 21 de octubre.
Según el Semanario 26, órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista en Las Tunas, cinco individuos que iban en un auto Geely, inmovilizaron y amordazaron al custodio del citado almacén, escalando luego por una ventana para sustraer unos 500 kilogramos de diferentes tipos de plaguicidas, agroquímicos que los implicados trasladaron a la provincia de Ciego de Ávila para “su venta en el mercado negro”.
Ahora los salteadores están tras las rejas. El delito de robo con violencia o intimidación en las personas, según el Código Penal cubano, prevé sanciones de veinte a treinta años o privación de libertad, cuando se realiza por una o más personas actuando como miembros de un grupo organizado.
Concerniente a la corrupción en los regímenes totalitarios comunistas, hace pocos días decíamos: “En el caso de Cuba, pese a los discursos políticos admonitorios, las acusaciones de los fiscales, las sentencias condenatorias de los jueces, los policías, los soplones y las cárceles, no han conseguido ante la iniquidad castrista que los cubanos no prosigan robando y comerciando, por derecho consuetudinario”.
Ahora este suceso viene a martillar sobre lo dicho y cabe preguntarse: ¿Por qué cinco personas en concierto asaltan un almacén de insecticidas? La respuesta la dio el propio periódico del Partido Comunista: para “su venta en el mercado negro”.
Que en Cuba, como casi todos los bienes de consumo, también los insecticidas entran en el comercio clandestino es un secreto a voces. Están desde los que venden venenos para cucarachas hasta quienes comercian en gran escala con plaguicidas agrícolas.
Pero contrariamente a lo que pueda creerse, la venta ilícita de agroquímicos raramente proviene de productos obtenidos de forma violenta. Relativamente fácil resulta para quienes tienen bajo su custodia o administración mercancías de alta demanda, hacer uso de ellas por otros caminos, sin llegar a delitos notorios, como el ahora reportado.
El asalto a este almacén y la determinación de los conjurados de involucrarse en un delito de peligro, con las consabidas consecuencias jurídicas, quizás venga a dar nota de un hecho de graves consecuencias socioeconómicas: la siembra de cultivos hortícolas en Cuba, cuya época óptima va desde el 15 de octubre hasta mediados noviembre, está atravesando por falta de agroquímicos, concretamente de insecticidas, fungicidas y herbicidas, y tal vez esas carencias repercutan en la canasta familiar de los cubanos.
“No hay, y cuando entre será para la caña”, dijo el presidente de una cooperativa a un agricultor interesado en adquirir un herbicida para una plantación emergente de calabaza y maíz.
“No lo busque, no aparece a ningún precio”, dijo un vendedor clandestino al mismo agricultor, interesado ahora en adquirir el herbicida en el mercado negro.
Ciego de Ávila es una de las provincias cubanas de mayor potencial agrícola, fundamentalmente en la producción de viandas, granos, frutas y hortalizas, y resulta sintomático que se produzca un robo con violencia en un almacén de agroquímicos destinados al cultivo del tabaco en Las Tunas, y que los pesticidas robados sean trasladados a Ciego de Ávila, provincia genuinamente productora de alimentos, supuestamente, dotada con todos los insumos fitosanitarios para garantizar la productividad de sus cultivos.
Según las autoridades cubanas, para esta fecha los agricultores contarían con los insumos necesarios para garantizar la “soberanía alimentaria” del país. En la Gaceta Oficial Extraordinaria del 22 de mayo de 2014, aparecieron las resoluciones No. 218 y 225 de los ministerios de Agricultura y Finanzas y Precios respectivamente, disponiendo la comercialización de insumos, equipamientos y servicios técnicos especializados agropecuarios, con carácter experimental en el municipio especial Isla de la Juventud, extensivo luego al resto del país.
Entre otros muchos productos, aquella legislación preveía la venta de plaguicidas a los productores agropecuarios. El precio del kilogramo, o litro, según la unidad de medida de insecticidas, fungicidas y herbicidas, oscilaba entre 25 pesos (un dólar) y 1060 peso (42 dólares). Pero más que los precios, en definitiva similares a los del mercado negro, preocupaba a los agricultores la estabilidad de los suministros.
Por todo el país se establecieron comercios destinados a la venta de productos agropecuarios. Abundaban palas, picos, machetes, azadones, regaderas… Y, por supuesto, en los almacenes para agroquímicos había plaguicidas, con limitaciones, pero dentro de determinadas “normas” era posible adquirirlos.
“Pero en Cuba todo es por campaña, y lo que está por todas partes hoy, ni sueñe con poder encontrarlo mañana”, me dijo un agricultor, vaticinando que muy pronto, “esas tiendas (las de productos agropecuarios) van a estar más vacías que un ratón viviendo en una ferretería”.
Lo que sí en Cuba nunca están vacías son las cárceles. Nuevas oleadas de presos llegan a ellas como consecuencia de las carencias. En ocasiones los cubanos van a la cárcel por matar vacas, otras por vender fuera del monopolio estatal el café que cultivan, otras por hacer de buhoneros, y ahora, cinco de ellos están presos por robar insecticidas.