LA HABANA, Cuba. – Un policía cubano apuntando con una pistola al rostro de un estudiante congolés, así como el despliegue de “tropas especiales” en los terrenos pertenecientes a una universidad, son imágenes suficientes para comprender hasta dónde pudiera continuar escalando la violencia como método preferido del régimen cubano para garantizar esa “estabilidad política” que ofrecen como valor agregado en los negocios, pero que cada día se revela como otra impostura más.
Impostura de un gobierno que, por ejemplo, mientras se ofrece como garante de paz en Colombia no es capaz conducir un diálogo sin apelar a la fuerza contra un pequeño grupo de jóvenes que reclama justicia apenas con gritos y pancartas. Y además, porque con tal acción pone al descubierto que buena parte de eso que llaman “colaboración” con los más necesitados no es más que una estrategia de marketing político con trasfondo económico desde ambos lados del acuerdo.
Lo que pareciera otro capítulo del mismo guion represivo empleado en sofocar revueltas populares y actos de protesta protagonizadas por ciudadanos cubanos debiéramos comenzar a observarlo en su verdadero significado, al tener como víctimas a unos sujetos que son parte no de un programa estudiantil como cualquier otro sino de uno de los esquemas de negocios fundamentales y que es precisamente el de los servicios médicos, por el cual el gobierno cubano ingresa mucho más que por concepto de turismo o exportaciones de bienes.
Desde ese punto de vista, las escenas de represión que todos hemos contemplado con horror pudieran ser comparadas con aquellas historias de las relaciones inhumanas entre amos y esclavos, entre comerciantes “negreros” y sus “mercancías”. Un pasado nefasto al que debemos quizás la traza de violencia que aún permanece en nuestra cultura y que, sin dudas, ha conducido a nuevas formas de trata ya “institucionalizada” por medio de convenios y contratos draconianos, incluso a nivel de gobiernos, como esos que despojan de más del 80 por ciento de sus salarios a los médicos “colaboradores”, a pesar de obligarlos a laborar en condiciones adversas y presionados a retornar a Cuba bajo diversas amenazas que incluyen la toma de la familia como rehén.
Esta vez los estudiantes han sido tratados como lo haría cualquier mayoral o capataz con sus “piezas”, y es por eso que no se ha potenciado el diálogo como una única opción, ya que las fuerzas en pugna no están al mismo nivel y la recurrencia inmediata a la violencia, sin transitar por un agotamiento de la negociación previa, es un indicio de que el régimen cubano tiene el control sobre otras negociaciones a otros niveles y que estas acciones, por extremas que sean, no menoscaban los acuerdos.
Tanto es así que el hecho de tener medio millar de estudiantes en Cuba y un centenar de médicos cubanos ejerciendo bajo contrato en aquel país no ha producido mensajes de importancia por la parte congoleña. Ello, a pesar de que las protestas llevan varias semanas desarrollándose. Tampoco ha importado la amenaza del policía a un ciudadano desarmado.
¿Existe entonces algo más en esos acuerdos de intercambio de bienes por servicios que no conocemos ni los cubanos ni los estudiantes del Congo? ¿Se extienden esos llamados “servicios” a algo mucho más complejo políticamente que la salud? ¿Cómo se comporta el pago del gobierno congolés a los galenos cubanos? ¿Cómo hace para mantener al día su estado de cuentas con la Isla, donde nada se habla de atrasos en ese sentido?
Lo cierto es que el dinero que debiera depositar el país africano para el pago de los estipendios, por alguna oscura razón, no está ni estuvo llegando a su destino y ese detalle, que pudiera ser revelador, no preocupó por más de dos años a ninguna de las partes, o al menos no como debería inquietar.
Acostumbrados al modo de actuar de la policía cubana, a pocos sorprendería escuchar en algún momento a las autoridades cubanas justificar tales actuaciones con una acusación de que los jóvenes congoleños son “mercenarios pagados por el enemigo”, tal como hacen sistemáticamente con los grupos disidentes y con la oposición interna.
Este paso, muy arriesgado por las consecuencias que pudiera acarrear en el futuro inmediato frente a otros sujetos, grupos, empresarios y hasta gobiernos que llevan tiempo recibiendo las quejas de sus ciudadanos sobre irregularidades en el cumplimiento de acuerdos similares, pudiera ser una señal fuerte y clara de que el régimen de La Habana no dudará en continuar elevando los niveles de violencia física y psicológica en virtud de mantener un control que apenas va sirviendo para el relativo bienestar de unos pocos. Aun cuando persiguiendo tal propósito deba emplear buena parte de los recursos que ingresa.
En fin, se perfila un escenario cada vez más tenebroso, puesto que esa arma desenfundada frente a la cara de un inocente revela el temor creciente que existe, y solo con un poco más de presión alguien pudiera pasar de amenazar, golpear y encarcelar a apretar gatillos.