GUANTÁNAMO.- La prensa oficialista ha anunciado que este sábado dos de junio de 2018 se reunirá la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) para designar a la comisión que se encargará de elaborar el proyecto modificativo de la Constitución cubana.
Conste que he escrito intencionalmente la última frase porque no se trabajará en la elaboración de una nueva Carta Magna, como erróneamente han publicado algunos medios informativos. Redactar un nuevo proyecto de la Ley de Leyes lleva implícita, obligatoriamente, la participación de todas las corrientes, movimientos, organizaciones y partidos políticos del país y su concertación en un espacio público de debate en igualdad de derechos. Esas no son las características que definirán al trabajo de preparación del proyecto modificativo de la actual Constitución.
En este caso el proceso estará controlado y dirigido por el partido comunista, cuyo primer secretario reiteró públicamente al entregar el mando del Estado a Miguel Díaz-Canel Bermúdez —pero no las pilas, como asegura un chiste popular— que el papel de ese partido como fuerza superior de la sociedad no estará en discusión, lo que demuestra cuánto les importa a los “demócratas” castristas la opinión del pueblo.
Seguramente el referendo se hará sin la presencia de observadores internacionales y, si me equivoco, los que acudirán serán enviados por gobiernos y movimientos políticos y sociales afines al castrismo, aunque cabe la posibilidad de que se permita la entrada de algún inocuo funcionario de la Unión Europea o de la ONU, tan prestos a desentenderse de las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que se cometen en Cuba.
Ante un proceso de esta naturaleza es válido preguntarnos: ¿Para qué este nuevo simulacro de democracia que no reflejará los anhelos de cambios profundos que pide la mayoría de los cubanos?
Los intereses del gobierno y otras preguntas
La redacción del proyecto modificativo de la Constitución es una tarea incumplida por el Consejo de Estado y la ANPP de la anterior legislatura, quienes a su vez incumplieron un acuerdo del 6to Congreso del partido comunista.
Justificaciones aparte —recordemos que los castristas son excelentes maestros en eso, aunque lamentablemente para ellos esta vez no pueden echarle la culpa al embargo— uno de los objetivos de las modificaciones es legalizar los cambios que han ocurrido en el entramado económico y en las estructuras de gobierno del poder popular —que no es lo uno ni lo otro—, aplicados sin tener respaldo en la Ley de Leyes, lo que dice muchísimo del respeto que los comunistas cubanos profesan por la institucionalidad del país.
Desconozco si las modificaciones también contemplarán la introducción de elementales derechos humanos, hasta hoy ignorados olímpicamente por la dictadura castrista. Si eso ocurriera me pregunto: ¿De qué valdrá un nuevo texto constitucional con más derechos si luego estos se violan, como ocurre actualmente con la Constitución de 1976? ¿De qué servirá esa Constitución si el pueblo continúa careciendo de la posibilidad de acceder a un órgano imparcial que vele por esos derechos e imponga su respeto a todos los ciudadanos, al Estado y a sus instituciones? No son preguntas retóricas sino surgidas ante la reiterada demostración de incapacidad y sometimiento al Estado que ha ofrecido por décadas la Fiscalía General de la República. Y, por último, ¿de qué valdrán tales modificaciones si la élite del castrismo continúa en el poder sin ser designada por el pueblo e impidiendo que este pueda expresar su opinión sobre si acepta o no a la dictadura que padece?
Sobre las posiciones a asumir
Desde que fue anunciado que se hará un referendo sobre las modificaciones a la Constitución algunos colegas y opositores pacíficos han ofrecido sus opiniones, algo que sin dudas aumentará a medida que se acerque la fecha de su realización.
Hay quienes afirman que los resultados podrían volverse contra el régimen si el pueblo decide asistir a las urnas y opta por la opción del “NO”. Argumentan que la inasistencia al referendo no sería lo mejor. Creo válida tal posición, la cual deben asumir quienes históricamente no asisten a las votaciones del poder popular porque eso contribuye a aumentar la asistencia a las urnas y a que el régimen lo interprete y difunda como una muestra del apoyo del pueblo.
Esta vez se trata de un suceso inédito en la historia de la dictadura y ante él debemos actuar con responsabilidad ciudadana. Aun aceptando la posible falsificación de los resultados creo que debemos asistir al referendo y votar “NO”. Incluso, pienso que cuando el proyecto modificativo sea sometido a consulta popular quienes no hemos hecho de la simulación un arte de sobrevivencia debemos participar, exponer nuestras ideas y, mejor aún, realizar un estrecho contacto pueblo a pueblo fundamentando esa opción. También sería válido que las organizaciones opositoras crearan un frente común de trabajo y pidieran a la ONU la participación de observadores internacionales realmente imparciales para obstaculizar los intentos de fraude. Y es también un derecho de esas organizaciones y del pueblo tener acceso al conteo de los votos en cada instancia encargada de recibir los resultados.
Lo que sí me parece sumamente difícil —por no decir imposible— es que aun con la presencia de observadores internacionales imparciales el régimen sea capaz de reconocer que la opción del “NO” fuera la triunfante en caso de que así sucediera. Porque si esa opción es validada se hallaría en un atolladero y su descrédito internacional se potenciaría extraordinariamente. Sólo entonces los gobiernos e individuos más desalmados del planeta continuarían apoyando a esta dictadura. Pero, ¿alguien duda de que eso también pueda ocurrir?