MIAMI, Estados Unidos.- El fiscal federal adjunto Brendan F.Quigley presentó este jueves su argumento final ante un jurado en Nueva York en el caso de los sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico.
De acuerdo a una publicación del Nuevo Herald, Quigley alegó que los sobrinos del presiente venezolano pensaron que estaban por encima de la ley y actuaron con “impunidad” dada su relación con el gobierno venezolano.
Los acusados, Efraín Campo y Francisco Flores, han sido acusado de confabularse para entrar ilegalmente a EE.UU. grandes cantidades de cocaína. Enfrentan diez años de prisión si son declarados culpables de tramar el contrabando de 800 kilos de cocaína a territorio estadounidense.
Los dos primos no habrían sido víctimas inocentes de un plan estadounidense, sino “aliados entusiastas” que trabajaron un plan durante meses, incluyendo una complicada transacción de drogas que les daría 20 millones de dólares de ganancia.
El dinero mal habido serviría para impulsar la campaña legislativa de su tía y afianzar el poder de la familia.
“No son jovencitos. Son hombres hechos y derechos de 30 años. Uno de ellos, el señor Campo, es abogado”.
Este jueves a las 9:30 a.m. comenzaron los argumentos finales, en los que se han alegado vínculos entre la familia presidencial venezolana y el narcotráfico. Debido a ello, el caso podría tener graves consecuencias internacionales, sobre todo para las relaciones entre Washington y Caracas.
De acuerdo a la Fiscalía, los acusados trataron de aprovecharse de sus relaciones con el Ejecutivo venezolano al planear utilizar el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para despachar grandes cantidades de cocaína a EE.UU.
Por su parte, la defensa alega que sus clientes fueron “inducidos y engañados” por informantes corruptos de EE.UU., aprovechándose de la credulidad de los sobrinos de Maduro.
En contra de los acusados pesa una supuesta confesión grabada y decenas de mensajes de texto, además de otras confesiones de audio y video que prueban “más allá de toda duda razonable” que los acusados son narcotraficantes y pensaban mandar droga a EE.UU.
En una de las confesiones, Campo afirma que conseguiría las drogas de rebeldes izquierdistas de Colombia, mientras que Flores dijo que ganaría 560 000 dólares en la transacción. Ambos estaban al tanto del destino de la cocaína.
El cargamento sería trasladado desde el Simón Bolívar hasta una isla turística frente a las costas hondureñas, y de ahí pasaría a México para llegar finalmente a EE.UU.
La defensa alega que las confesiones en que Campo afirma que lleva en el negocio del narco desde los 18 años son alardes, y que los acusados nunca tuvieron la capacidad de concretar la transacción.
Los abogados de Campo y Flores utilizan como recurso además que los informantes utilizados por la Fiscalía para inculparlos son agentes corruptos que habría aceptado dinero o reducción de sus condenas por delitos pasados si ayudaban a la DEA a inculpar a un miembro de la familia del presidente de Venezuela.